jueves, 25 de junio de 2015

PRIAN: agenda gringa
John Saxe-Fernández, La Jornada a Jueves 25 de Junio de 2015.
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a agenda económica, de seguridad y migratoria pactada por el Ejecutivo con beneplácito oligárquico y adoptada por el PRIAN para el segundo tramo del sexenio, es la dictada por Washington. La adhesión de Los Pinos al ultra-secreto Acuerdo Trans/Pacífico del que hasta ahora se conocen ominosos detalles gracias a algunas fugas es de un sometimiento tan desleal al interés público nacional, como su adhesión a la guía policial-militar del Departamento de Defensa (DdD) a través del comando norte, de la Iniciativa Mérida en el combate al crimen organizado y a la tutoría del Departamento de Seguridad del Interior (DHS, en inglés) sobre migración y manejo fronterizo. Después del alud de reformas estructurales y de contar con una mayoría adosada con el Partido Verde y el Panal, no han desaparecido ni el dinosaurio ni el elefante que, según el finado ex primer ministro Pierre Trudeau, yace entre México y Canadá.
En materia migratoria ¿estamos realmente, como dice Amnistía Internacional, en presencia de una falla generalizada de voluntad de las autoridades mexicanas para investigar hechos violentos y de violación de derechos humanos cometidos contra migrantes, principalmente centroamericanos en su paso a Estados Unidos (EU) o, dado lo sistemático de dicha falla, de una política deliberada que transforma al país en tapón migratorio; en territorio extremadamente peligroso para personas en tránsito, con su secuela de ejecuciones extra-judiciales, desapariciones forzadas, fosas comunes, extorsiones, violaciones y todo tipo de ataques contra migrantes, con autoridades federales y estatales más ansiosas por expulsar gente que por salvar vidas? (La Jornada19/6/15 p.7) Más que anómalas las omisiones en la indagación de hechos violentos y el aumento de tales ataques serían parte de la rutina: entre 2013 y 2014 el secuestro de migrantes se multiplicó por 10, pasó de 62 denuncias en 2013 a 682 en 2014 cifra que podría aumentar en el presente año (ibid).
Fue la alarma de Felipe Calderón ante la propuesta de AMLO de restablecer el servicio de pasajeros por ferrocarril lo que visibilizó lo del tapón migratorio. En un debate presidencial, Calderón se opuso porque agilizaría el tránsito de personas al norte, evidenciando, de paso, su apego a la agenda de seguridad de EU en México, que además de criminalizar la migración forzada, fue retomada por el peñismo al prohibir viajar en el techo del tren de carga (la bestia) parte del plan Frontera Sur que recrudece persecución y maltrato contra migrantes haciendo más mortífero y riesgoso el viaje hacia EU. La subordinación de Calderón y Peña a la política militar de EU, endosando la participación mexicana en operaciones de mantenimiento de paz, fue un boleto de peso en la ruta de ambos a Los Pinos concitando el apoyo del aparato de seguridad civil y militar de EU. Así se infiere, en el caso de Calderón, del cable del embajador Garza al Departamento de Estado sobre el contexto electoral con motivo de la visita de Donal Rumsfeld en abril de 2006 (06MEXICO1889 Wikileaks/La Jornada): “dos de los tres candidatos … continuarían con la resistencia mexicana a enviar tropa al extranjero. Si el PAN regresa (al poder) presionará a favor de mayor papel militar en el extranjero”.
Con este boleto en el bolsillo, apenas llegó a Los Pinos el panista decidió tanto lanzar la guerra al narco, desatando una tragedia humana de enorme calado, como dar entrada a tropa y equipo militar de EU en puertos, aguas territoriales y fondeaderos, aeropuertos y puntos clave del territorio, a la instalación de bases: trató de abrogar la Ley para Conservar la Neutralidad del País (Ley de Neutralidad) promulgada por Lázaro Cárdenas en noviembre de 1939 (El Universal, 20/4/07). Se trata de un diseño de seguridad del que Michel Chossudovsky ha ofrecido detalles: conocido como integración profunda de América del Norte es un diseño post-westfeliano impulsado por el Foreign Relations Council, alto cabildo empresarial-bancario y del aparato de seguridad planteado en 2006 en una junta secreta realizada en Banff, Alberta. Trátase de un desborde castrense de EU que deroga, mediante la desnacionalización de los instrumentos para el ejercicio de la violencia legítima, la jurisdicción de los Estados-nación mexicano y canadiense que, de paso, aniquila la noción westfeliana de igualdad jurídica de los estados a favor de EU (LJ,26/4/06).
EU no quita el dedo del renglón: en 2015 la intentona para anular la Ley de Neutralidad la protagoniza el PRI que recién presentó una iniciativa para abrogar esa ley (LJ/15/6/15/p.7). Goebbelianos que son, los mándamases prianistas olvidan lo que el general Roberto Badillo, ex secretario de la Comisión de Defensa, y el diputado Carlos Rojas argumentaron en 2007: que México estaría arriesgando vidas en conflictos que no nos atañen y que al derogar esta ley (se) nos coloca en un plano a disposición de la ONU y del país más poderoso que es EU.

jueves, 11 de junio de 2015

Partición de México ¿en la coreografía de EU?
John Saxe-Fernández, La Jornada a Jueves 11 de Junio de 2015.
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l National Security Archive (Archivo), acaba de mencionar la existencia de un nivel sin precedente de cooperación e involucramiento del gigantesco Departamento de Defensa de Estados Unidos (DdD) y su Comando Norte (CN), con fuerzas militares mexicanas lo que, como indica David Brooks, se ha profundizado a la vez que se ha documentado un incremento en abusos de derechos humanos (La Jornada –LJ– 3/5/15). Con sede en Washington DC, el Archivo ofrece al público información desclasificadade gran relevancia en este caso porque, dada la abismal asimetría existente entre las partes a nivel presupuestal, tecnológico y de despliegue global, por mencionar algunos rubros, ¿cuáles son los efectos de tal relación, por ejemplo, en las líneas de mando, en la definición de funciones como la Defensa Nacional y en el eventual involucramiento de México en toda una coreografía mortal que ahora despliegan nuestros socios del TLCAN –con acompañamiento de Londres–, desde Alberta, Canadá, hasta Ucrania y el mar del Sur de China, a pocos kilómetros de Moscú y Pekín?
Hasta el 23 de mayo, en el Centro de Maniobras y Adiestramiento Wainwright, en Alberta, el Ejército y la Fuerza Aérea de Canadá, junto a tropa de 22 unidades del Ejército, Reservas y Guardia Nacional de Estados Unidos y soldados británicos de Scots Guards realizaron, Maple Resolve 2015, la culminación de una serie de complejas maniobras a gran escala, para escenarios convencionales y no-convencionales (es decir, nucleares, de contrainsurgencia o de anti-terrorismo rural o urbano), en suelo doméstico o internacional.
Durante el verano Estados Unidos proseguirá con maniobras en el golfo de Alaska, de fuerte impacto ambiental y estratégico (los cohetes nucleares se lanzan encima del Polo Norte). Con Estados Unidos batiendo tambores cerca de Rusia y China y bombardeando en Medio Oriente, es vital para el pueblo mexicano el control nacional en asuntos de guerra y paz. La participación militar del país en operaciones en el exterior abre puertas muy riesgosas. EPN dice que hay que superar ese tabú, ¿como la mayoría prianista superó el tabúde que petróleo, electricidad, minerales, litorales, fronteras, ríos y forestas son patrimonio nacional? ¿O es que poco importa aumentar la gran tragedia humana que vivimos, arriesgando la vida de miles de jóvenes mexicanos a los que no se ofrece ni educación ni empleo, pero sí ser carne de cañón para aventuras imperialistas?
Al revisar la política de guerra de Estados Unidos en Ucrania, de alto riesgo para la paz mundial y dado el sometimiento neoliberal que por 30 años emana de Los Pinos, téngase presente que el belicismo de Estados Unidos y Canadá es asunto mucho más grave para México y su juventud, derivado de cualquier entrega del proceso de toma de decisiones en materia militar y de seguridad. Brooks informa que “documentos oficiales del CN desclasificados que se pueden consultar junto a otros del Archivo confirman que el Departamento de Estado suspendió la asistencia… al batallón 102 del Ejército, después de los hechos en Tlatlaya en el estado de México (Ibid). En medio de esa carnicería, ¿es que la Casa Blanca, por conducto del CN a cargo de los programas del DdD en México se relaciona directamente con cada región y batallón, otorgando o negando asistencia? ¿El Pentágono trata directamente con los batallones, pasando por encima del mando nacional?
De ser así se estaría generando una intervención grave a la integridad del Estado nacional: a más de que se da entrada a las grandes corporaciones del petróleo, gas, los minerales etcétera, el CN opera desde una potencia mundial que, como con el Plan Colombia, ya interviene de manera profunda en materia de Ministerio Público mediante de la Iniciativa Mérida. Hace poco el economista Mike Whitney en Dividiendo a Irak, (ICH 9/5/15) llamó la atención sobre el uso de la asistencia militar para inducir la partición de facto de Irak por medio de la Ley de Defensa Nacional de 2016, aprobada por 60 a 2 en la Cámara de Representantes, que autoriza 429 millones de dólares en armas y otra asistencia a ser enviados directamente por el DdD a tres recipientes por separado: Kurdistán, Chistán y Sunistán. Tal es el Plan Biden-Gelb de 2006 (Joe Biden, hoy vicepresidente de Obama, entonces presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y Leslie Gelb, presidente emérito del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) poderoso cabildo de Estados Unidos que publica Foreign Affairs en español desde el ITAM). Los autores del plan, ambos del CFR, dicen que no promueven la partición, sino la federalización de Irak. Lo cierto es que, al establecer vínculos directos entre el Pentágono y tropa suni, chiíta y kurda, se socava en su base al estado nación iraquí.
Al partir a países se les deja, como dice Chomsky, en un estado de permanente dependencia colonial(Ibid, ICH) facilitando acceso a recursos y mercados de enorme valor y bajos costos de producción, por tanto ,en la mira imperial.

jueves, 28 de mayo de 2015

Frontera norte de Latinoamérica
John Saxe-Fernández, La Jornada a Jueves 28 de Mayo de 2015.
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ilma Rousseff visita México, donde América Latina colinda con EU. Lo hace en momentos críticos para la nación y el orbe: desde el 11/S EU está en estado de excepción y en belicoso despliegue militar operando al margen del Derecho Penal Internacional (Irak, Afganistán, espionaje de NSA, ejecuciones extrajudiciales con drones, ejercicios militares cerca de Rusia y China) mientras se acentúa una carnicería entre mexicanos que impacta al país y al mundo con los horrores de Tlatlaya, Ayotzinapa, Tanhuato (La Jornada, 24/5/15). Nos visita cuando está en riesgo la soberanía por la alta violencia y el fratricidio con armas de asalto vendidas por un EU que en 1994 vinculó al TLCAN, base de la ALCA, con su expansión territorial desde la Compra de Louisiana (1803) y la Compra de Alaska (1867) y que ahora continúa con la transferencia de armas de alto y grueso calibre a tirios y troyanos.
Esta visita de repercusión nacional, regional y mundial, fortalece una relación bilateral crucial para la región en la que ambos aprenden de sus aciertos y errores. Con una política interior y exterior ahogada por EU y su FMI-BM-BID, México debe hacer suyo el enfoque social y multilateral de Brasil. Además tiene mucho que enseñar sobre los graves errores que le llevan a ser puntero mundial por la cantidad de muertes violentas sólo después de Siria e Irak. Al calor de tres décadas de acumulada guerra de clase neoliberal, aquí la carnicería se acentuó al optar Calderón y sucesor por la vía militar, la ruta del Departamento de Defensa de EU (DdD) para lidiar con el narcotráfico y el crimen organizado. En el combate al crimen trasnacional desatendieron los protocolos de la Convención de Palermo, que permiten frenar tragedias humanitarias y riesgos a la soberanía. ¿Fue por los recursos del DdD canalizadas por la Iniciativa Mérida (IM) y el Comando Norte (CN)?
La violencia es asunto multifactorial: existe dato duro de que el aumento en el ingreso de armas de asalto a México, desde que en 2004 cesó la vigencia de la Prohibición Federal de las Armas de Asalto de EU (PFAA) es causa directa del aumento de la violencia en México. Así lo indican, en Tráfico oficial e ilícito de armas a México” (El Punto Sobre la I, Nº14/2014), Gonzalo Aguilar Zinzer et al. Con cifras y documentos oficiales en mano indican que según la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EU –ATF–, 71 por ciento de las armas aseguradas por las autoridades mexicanas vienen de EU. La Auditoría General (GAO) dice que 90 por ciento de las armas tiene ese origen. Del puntual estudio se infiere que dedicando más recursos humanos y tecnológicos a la detección y control del tráfico de armas, en México y en EU, los índices de violencia acá se verán rápida y perceptiblemente reducidos. (p.10) Pero las prioridades y los objetivos en materia de narcotráfico y crimen organizado son otros. Se menciona que en 2012 sólo había 421 agentes de la ATF asignados a vigilancia fronteriza del flujo de armas hacia México en contraste con 18 mil 546 agentes en control migratorio. Entonces, ¿para qué sirve la IM y el CN sino para acentuar enlaces militar-militar e intervención en materia propia del Ministerio Público?
Después de todo, se trata de asuntos de importancia mayor por lo vasto de la tragedia humana y sobre lo engañoso del tan pregonado impulso a la estabilidad; el fortalecimiento del tejido social y las fronteras inteligentes del Siglo XXI que enarbola la IM. Por lo que esta no es cualquier incoherencia. Es una que trae consigo una larga cola que se remonta al Texas de 1836 y al gran despojo formalizado en 1848. Ahora se juega con la integridad territorial de todo México. Ya las implicaciones de la IM y el CN sobre la jurisdicción territorial de la Federación se hacen sentir: en la autorización para que agentes extranjeros porten armas en territorio nacional y en los ominosos avisos de que Canadá autorizaría a agentes de EU a realizar arrestos en su territorio. Como en ningún momento el derecho ciudadano en EU para adquirir y poseer un arma se vincula a las de grueso y largo calibre, es del todo razonable la observación de Zinzer et al de que cuando menos debe reinstalarse la PFAA, pequeño gran cambio que podría reducir de ya la violencia refleja en México. (ibidem)
Un pequeño gran cambio fuera de la agenda Bush/Calderón y Obama/Peña. Para la IM, que no se rige por el derecho internacional ni está bajo escrutinio legislativo acá, todos los dineros. Para salvar vidas mexicanas nada: en enero de 2010 17 adolescentes perecieron –junto a decenas heridos– en la masacre de Villas de Salvárcar. No se supo entonces que las armas también venían de la operación Rápido y furioso no obstante que las autoridades de EU y México tenían pleno conocimiento de ello. (p11)
EU arma a gobierno y cárteles ¿para desarticular la Federación y alentar los precipitantes de guerra civil, terreno fértil para más despojo?

jueves, 14 de mayo de 2015


México: capitalismo del desastre
John Saxe-Fernández, La Jornada a Jueves 14 de Mayo de 2015.
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os dos Méxicos, el decasas nuevas para los mandamás y el de fosas nuevas repletas de Tlatlayas y Ayotzinapas para amansar al resto (La Jornada, 14/4/15) son expresión brutal de lo que en La doctrina del shock Naomi Klein llamó capitalismo del desastre. Con un recetario desde 1982 a base de desregulación, privatización, austeridad a 99 por ciento y derrama fiscal a uno por ciento, el shock vía la guerra alnarco se palpa en cerca de 150 mil muertos, más de 26 mil desaparecidos e inusitada, torpe y riesgosa represión ante resistencias y protestas legítimas. Como en San Quintín, por las reivindicaciones de trabajador@s agrícolas ante estremecedoras condiciones de explotación, que el neoliberalismo y el TLCAN llevan a todos los rincones de la Federación con su cauda de desempleo, hambre y represión con creciente intervención policial, militar y del espionaje extranjero, parte y parcela de la sombrilla de terror y seguridad para consumar el gran despojo consignado en las (contra) reformas estructurales.
Detrás de la privatización petrolera están, en la ronda uno, los negocios de petroleras de dentro (las menos): Pemex, la recién fundada Petrobal y Diavaz, entre otras, y las apetitosas ambiciones de firmas de fuera (las más): Exxon, Chevron. BP, Shell, Ecopetrol (Colombia), Cobalt International, Hunt Overseas, Total (Francia), Sierra Oil&Gas, BHP Billinton, Hess News, a quienes favorece –especialmente a las de Estados Unidos–, la Iniciativa Mérida y el programa de ajuste estructural entroncándolas con leyes secundarias, a mineras de aquí y de allá (Canadá, Australia) y a los intereses que codician la gestión del agua. Lo hacen con una atroz Ley de Aguas congelada hasta después de las elecciones de junio, por el fuerte rechazo popular que concita.
La radical contrareforma energética peñista parece calca de diseños de corte colonial de Exxon/Mobil y el Banco Mundial en África Occidental. Se asemejan hasta en la participación de Citigroup como uno de los bancos globales que, años ha, zopilotean el tan esperado festín a costa de México. Para facilitar operaciones especulativas a gran escala con la riqueza localizada en territorio bajo jurisdicción nacional, las reformas estructurales permiten a las mineras, receptoras de generosas concesiones (70 por ciento ya en manos extranjeras), que suman la friolera de 98 millones de hectáreas, para que, además del desastre humano y ambiental de la minería a cielo abierto, exploten los hidrocarburos, en especial los no-convencionales (gas y petróleo de lutitas, o shale) de enorme toxicidad, grave impacto medioambiental, atmosférico, sísmico, alta voracidad acuífera y territorial y una inviabilidad geológico-financiera que augura un mega-Fobaproa fósil, a lo bestia.
El saqueo neoliberal, llamadoproceso de cambio, causa destrozos al tejido social, expulsa la población de su territorio por medio de instrumentos policial-militares (y para-militares o de plano de empresas mercenarias deseguridad) para consumar la incautación de los recursos naturales en ejidos, tierras y forestas comunales, mantos acuíferos, desvío o trasvase de ríos, de una cuenca a otra como en el acueducto Independencia con afectación grave a comunidades, los yaquis entre muchas.
Para perpetrar la incautación de los bienes comunes, la aplanadora legislativa PRI-PAN-Verde-Panal, busca su renovación, frente a lo cual sólo el voto podría desalojarlos del Congreso en junio, por ser un consistorio voraz, sumiso, corrupto y apátrida que entregó el gas y el petróleo y aprobó la vieja demanda imperial (y de EPN) para que agentes extranjeros puedan portar armas en México: toda una proeza anti-nacional de quienes Monsiváis dijo que eran la primera generación de estadunidenses con nacionalidad mexicana que recién arribaba al poder (1982) y que ahora en calidad de senadores, advierte Manuel Bartlett Díaz, están cometiendo un atentado contra la nación mexicana, serán responsables de la integración del territorio nacional a las autoridades de EU.
Desde la perspectiva de la seguridad e integridad de México el riesgo de lo denunciado por el senador Bartlett no es asunto menor: es eje del diseño de seguridad imperial que ejecutan con entusiasmo el Ejecutivo y la aplanadora legislativa a través de lo que en verdad interviene, interfiere y acota nada menos que operaciones cruciales al monopolio del ejercicio de la violencia legítima sobre el territorio nacional, mientras grandes firmas realizan uncercamiento de enorme calado, mayor al despojo territorial de los años 40 del siglo XIX, vía la privatización y dislocación de la vasta y multimillonaria infraestructura desplegada (desde 1938) en grandes complejos económico/territoriales en los que Pemex y CFE realizan operaciones vitales a la seguridad e integridad de la nación. Ambas entidades, ahora empresas productivas del Estado, están bajo alevosa agresión fiscal de los hacendistas locales (FMI), para llevarlas a un punto de venta.

jueves, 30 de abril de 2015


Financiarización y militarización
John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 30 de Abril de 2015.
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l espectro de otro desplome financiero que haría palidecer al de 2008 recorre los pasillos del poder de Estados Unidos, una potencia de dominio policial/militar y de espionaje, que desde el 11/S se despoja rápido de legitimidad mientras nerviosas corredurías, de Wall Street a la City pasando por Francfort, calibran el colapso de los petroprecios: una avalancha sobre petroleras, firmas de servicio del ramo y de riesgosas especulaciones de bancos too big to failsobre una deuda tóxica emitida para financiar el negocio shale. Asoman ya 500 mil millones de dólares, la punta de un colosal témpano especulativo sólo imaginable por los de Citigroup et al, destrozadores de toda ley que les impida apostar sin límite en derivados pasando al público (depositantes, contribuyentes) los costos del estallido sobre un contexto polarizado de una serie de burbujas, cuya explosividad acumulada, de Irak, Libia y Ucrania a Iguala, Tlatlaya, Ferguson y Baltimore, ya cimbra al mundo.
Es desde palancas financieras y policial/militares relacionadas con el estancamiento, la provocación y el terror de Estado, y no de los instrumentos constitucionales o del derecho penal internacional, ni del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas que, con mayor frecuencia se expresa el poderío de Estados Unidos, bajo la noción post-11/S, de que el Comandante en Jefe (y pronto las grandes corporaciones en la esfera del Acuerdo Transpacífico ATP) procede sin autorización legislativa –o judicial– en cualquier campo de batalla, incluido el territorio de Estados Unidos. La guerra y el estado de excepción están ahí, en la Ley Patriota; la desactivación de la Ley Posse Commitatus de 1878 –que prohíbe el uso de los militares en territorio de Estados Unidos y en funciones de Ministerio Público–, y en el desdén de la cruzada antiterrorista a las Convenciones de Ginebra. La guerra de agresión contra Afganistán, la ilegalpetroguerra contra Irak, Libia, los operativos contra Irán, Venezuela, Siria, o instrumentos de terrorismo de Estado –Plan Colombia, Iniciativa Mérida en México–, y los operativos contra Rusia desplegados en Ucrania, se suman al recordatorio semanal de que vivimos en un estado de excepción global que tiene como eje a la Casa Blanca vía la matanza de sospechosos de terrorismousando drones.
Fue cuando hace poco se reportó sobre varios muertos no incluidos en esa mortal rutina cuando, como recién aflorado de un sicodrama asentado en profunda disonancia cognitiva (Leon Festinger, 1957), un sub-secretario de Estado de Estados Unidos en gira de trabajo por acá dijo que (d)espués de los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, México se encuentra bajo fuerte escrutinio de la comunidad internacional; confió en que las elecciones del 7 de junio traigan de alguna manera efectos positivos para acabar con la tradición de impunidaden materia de violación a los derechos humanos, corrupción, desapariciones, secuestro y tortura, ofreciendo, como remate de la hipócrita inconsistencia (con el mundo observable) su endoso a continuar con la carnicería, la catástrofe humana a través de la hipermilitarizada y militarizante Iniciativa Mérida (IM): dijo que más allá del apoyo que su país brinda a México por conducto de la IM, existen otros programas que fueron puestos a disposición del gobierno de EPN para enfrentar estos problemas(La Jornada 25/4/15).
Cabe preguntar si en esos otros programas no especificados están matanzas de contrainsurgencia rural y urbana –disfrazada de antinarco–, para usar el equipo militar que, pese a lo generalizado de la impunidad y la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, recién autorizó el Departamento de Estado para su venta a un México rebosante de recortes fiscales, por mil 300 millones de dólares (mdd) y hoy líder entre 39 países de América Latina y el Caribe en compras militares: 3 mil 335 automotores todo terreno (Humvee) por 556 mdd; un lote de aviones de adiestramiento Beechcraft T-6C Texan II (480 mdd), además de 23 helicópteros Black Hawk(905 mdd).
¿Es el equipo para allanar el diálogo entre petroleras y mineras con indígenas, ejidos y campesinos? o será usado en operaciones de guerra urbana y en lasmegametrópolis contempladas por el Pentágono, entre otras figuran Río, Sao Paulo y el DF. En fechas recientes la CNN informó que las demostraciones en Ferguson, Missouri, y en otros lados provocadas por mortales y sistemáticos ataques policiales contra jóvenes afroamericanos, eran consideradasfuerzas enemigas, como en una guerra. Aquí el Comando Norte dice que en la guerra al crimen o al narco, el enemigo está entre los civiles Como en Ayotzinapa, Tlatlaya, Ferguson y Baltimore, ¿crímenes de Estado para aterrorizar a la población?
Estas son guerras, operativos y catástrofes que además de acompañar el precipitado declive de una potencia enestado de excepción (junto al colapso climático en curso) son síntomas de crisis terminal del capitalismo, como lo conocemos.

jueves, 16 de abril de 2015

Desnudando la Cumbre
John Saxe-Fernández, La Jornada a Jueves 16 de Abril de 2015.
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a Cumbre de las Américas 2015 se realizó en Panamá, al lado del Canal confabulado por Wall Street y Teddy Roosevelt (“Y yo tomé el Canal y la Zona mientras el Congreso –de EU– debatía”) en lo que fue el primer asalto presidencial del siglo XX contra la legislatura, una crónica tendencia a la usurpación de funciones legislativas y judiciales por el Ejecutivo, conocida como presidencia imperial desde tiempos de Jefferson (1801-1809).
En Panamá Obama operó bajo tres lineamientos de una agenda presidencial de añejo monroísmo mezclado con la geopolítica bélico-industrial: 1) que el Ejército de Estados Unidos domine las Américas desde una Norteamérica ocupada por su Comando Norte/Iniciativa Mérida; 2) que no exista otra potencia o coalición con capacidad económico-militar que cuestione el dominio hemisférico de Estados Unidos (desestabilización de Brasil, Argentina, Venezuela) y, luego de dos guerras mundiales, 3) que, orientando sus energías hacia amenazas y guerras entre ellas, ninguna nación europea o asiática sea capaz de frenar el despliegue militar de Estados Unidos sobre océanos y recursos en Eurasia, en especial en Asia Central y el Cáucaso.
Ya desde la Guerra en Corea Estados Unidos se topó con límites a la manipulación de la balanza de poder euroasiática. Ahora con la recomposición de Rusia, el ascenso de China, el techo del petróleo convencional, el deterioro climático y la modernización de un letal arsenal nuclear, 90 por ciento bajo control de Estados Unidos y Rusia, los escenarios estratégicos son más riesgosos que durante la guerra fría. Esta cumbre debió invocar a la cordura estratégica basada en el consejo de Evo Morales a Obama para que cese “… de convertir el mundo en un campo de batalla” resaltando, además, la ausencia de una gestión colectiva ante el deterioro climático en curso.
Con el arreglo Cuba-Estados Unidos y la ordenanza contra el gobierno de Maduro en el bolsillo, para Estados Unidos la Cumbre fue enroque para asumir riesgos de guerra desestabilizando países colindantes con Rusia y China, mientras despliega operativos clandestinos contra esas potencias.
Esta agresividad se articula en medio de un polvorín nuclear, de un desplome hegemónico y de una “revolución shale” que, dice Obama y repiten Fortune, et al, garantiza 100 años de suministro de gas y petróleo, un aserto sin sustento geológico, de alto costo a la salud y atmósfera cuyo fardo financiero se transfiere vía emisión monetaria, a sus socios en Europa, Asia y a un mundo inquieto por la salud económica y el belicismo de Estados Unidos en Ucrania, dirigido contra Rusia. No extraña que, contra señales de la Casa Blanca, los socios se adhieran al Banco Asiático de Inversión (AIIB) liderado por China.
El contexto de la Cumbre centrado en el rechazo unánime de América Latina y el Caribe a participar en ella de no acabar la agresión a Cuba, mostró cambios en la ecuación de poder que vinculan el deterioro del liderato moral e intelectual de Estados Unidos al auge de gobiernos resultantes de resistencias y movimientos sociales contra la impunidad y corrupción gubernamental, así como por el rechazo al neoliberalismo y la explotación y apropiación oligárquica de lo público, base política y de clase de la proyección de poder de Estados Unidos en la región.
La visita de Maduro al barrio El Chorrillo fue un episodio de alta significación porque ilustró, entiéndalo bien el vocero de una reconocida ONG de derechos humanos quien en festín desinformativo en CNN casi olvidó identificar, quién bombardea a pueblos inermes (Panamá, Bagdad, Trípoli, Damasco, etcétera ad nauseam), quién tortura (Guantánamo, Abu Ghraib y prisiones secretas varias) y hoy ¿quién realiza ejecuciones extrajudiciales semanales con drones, usurpando el papel de legislador y juez? Como mínimo ese vocero debió exigir que Estados Unidos ratifique la Convención Americana de Derechos Humanos y repudiar la presencia en la Cumbre del responsable del asesinato del Che Guevara y de crímenes de lesa humanidad, todo un operativo de terrorismo de Estado que, concuerdo con Stella Calloni, ofende a la región.
Luego de la ordenanza contra Caracas, la indicación de Ernesto Samper, secretario de la Unasur, de que un buen punto en la agenda de relaciones entre Estados Unidos y América Latina sería que no haya bases militares norteamericanas(www.teleSURtv.net), concitó apoyos mayoritarios entre los presidentes y unánimes en la Cumbre de los Pueblos, Sindical y de los Movimientos Sociales, reunidos en la Universidad de Panamá (abril 9, 10 y 11).
Fue ahí, sin sordinas de OEA y CNN (Colonial News Network) que se rechazó el acoso militar, agresiones y amenazas de toda índole que despliega Estados Unidos y sus aliados estratégicos contra nuestra región a través de bases militares, sitios de operaciones e instalaciones similares, que sólo en los últimos cuatro años han pasado de 21 a 76 en nuestra América, 12 de ellas en Panamá y exigimos la derogación del Pacto de Neutralidad, que permite la intervención militar norteamericana a la República de Panamá.
Eduardo Galeano, in memoriam

jueves, 2 de abril de 2015

ATP: asalto secreto del 1%
John Saxe-Fernández, La Jornada a Jueves 2 de Abril de 2015.
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na de las razones por las que deben saber que el Acuerdo TransPacífico (ATP) es importante es que traten de aprobarlo sin que nadie se enterelos que apoyan (al ATP) siempre dicen que van a crear empleo. Si fuera verdad, los sindicatos estarían a favor, pero la gente que lo impulsa es la de Wall Street. Así se expresó el economista Joseph Stiglitz, luego de hacer una reflexión crítica del ATP ante un auditorio neoyorkino: alertando a organizaciones comunitarias y sindicatos, agregó que Michael Froman, el representante comercial del gobierno de EU en esas negociaciones,viene de Citibank (dueño de Banamex) y no representa a los trabajadores ni al ciudadano común, sino a un grupo de interés especial, por lo que, dice Cynthia Phinney, del Sindicato de Electricistas de Maine, “es menester la revisión y discusión parlamentaria del ATP oponiéndose a la vía rápida (fast track) llamadaautorización para promover el comercio.
La vía rápida permite que Obama presente un texto al Congreso, cocinado en lo oscurito, en tiempo limitado de debate, sin modificar el articulado y con una votación en bloque, positiva o negativa. Como las negociaciones se realizan en secreto y México es parte de ellas, cabe resaltar la importancia (y a pesar de todo) exigir transparencia incluso a un gobierno tan opaco y entreguista como el del PRI: lo que están pactando con poderosas corporaciones extranjeras, a puertas bien cerradas, va mucho más allá de asuntos comerciales o de negocios. Hacen componendas con la vigencia de la Constitución, fundamento delestado de derecho en territorio nacional o lo que van dejando los neoliberales de leyes, regulaciones y directrices de corte nacional en materia laboral, ambiental, del consumidor y de arbitraje.
Documentos divulgados porWikileaks (http://goo.gl/1zg0Q5) desdeLa Jornada (26/3/15) ofrecen evidencia de que, como advierten analistas varios, el ATP es un TLCAN en esteroides: concede a inversionistas privilegios y derechos por encima de las leyes –y empresas– nacionales, asentando normas y tribunales supranacionales como el centro internacional establecido por el Banco Mundial para dirimir las disputas entre inversionistas extranjeros y los estados firmantes (Icsid, siglas en inglés). Todas las ventajas jurídicas van para las corporaciones de fuera, quedando a su merced, según demuestra Manuel Pérez Rocha L., en sustancioso artículo, toda regulación de interés público que pudiera reducir sus ganancias. El mecanismo no es equitativo: Los gobiernos o las comunidades afectados por inversionistas extranjeros no pueden presentar demandas. Igualmente problemática es la frecuente opacidad en las operaciones de estos tribunales(NYT, 3/12/14). Pérez Rocha recuerda que países, de Indonesia a Perú, enfrentan juicios de las trasnacionales y que México y Canadá ya han perdido o llegado a acuerdos en cinco oportunidades cada uno, pagando cientos de millones de dólares a empresas extranjeras, sin olvidar pérdidas semejantes en Centroamérica, ni los mil 770 millones cobrados a Ecuador por cancelar un contrato a Occidental Petroleum, o los mil 600 millones a favor de Exxon que Icsid ordenó a Venezuela pagar por nacionalizar proyectos petroleros. Y aún en el Icsid hay 200 casos pendientes(Ibídem).
Los pocos documentos del ATP que conocemos, analizados por Lorry Wallach de Public Citizen, muestran que mejor prestar atención a la advertencia de Stiglitz: el secretismo es mayúsculo porque la embestida del uno por ciento es de fondo y de magnitud mayor: van por todo. Phinney revela que sólo aquellos con autorización especial pueden ver los textos y luego de revisarlos, no pueden discutir lo leído. Aún más, “la mayoría, si no es que todos, los consejeros con acceso –a los documentos– son representantes de las corporaciones. Habrá uno que otro líder sindical. Pero ni siquiera pueden discutir lo que saben con miembros de su sindicato”. Peor aún “…sólo pueden ver los textos que (Froman) considere que son relevantes a su área de interés”. Para Billy Engel, electricista de Nueva York, “estos tratados van a barrer con nuestras leyes…muchos derechos laborales y sindicales serán totalmente borrados de inmediato”, una opinión que contrasta con la displicente postura de Paul Krugman, quien desatiende sin más el impacto del ATP en los derechos laborales (NYT, 26/3/15) aunque reconoce que el ATP no promete nada bueno para EU o el mundo.
Tal vez sea generoso asumir que esa preocupación por el mundo tiene que ver, además de los derechos del consumidor, con la campaña del cabildo fósil contra acuerdos vinculantes en materia de medio ambiente, en particular en relación con la urgente necesidad de limitar severa e inmediatamente emisiones de gases con efecto invernadero, base de las ganancias de las Exxon/Mobil de este mundo. Quizá en Krugman la palabraworld refleje preocupación por la humanidad ante un planeta en colapso climático antropogénico.